Los fenómenos extremos asociados al clima como olas de calor, sequías, inundaciones, ciclones tropicales, entre otros, revelan una vulnerabilidad significativa de algunos ecosistemas y muchos sistemas humanos a la variabilidad climática actual. Entre los impactos de estos eventos se pueden mencionar daños a la infraestructura y a los asentamientos humanos, afectación a las cadenas productivas de alimentos y el suministro de agua, aumento en la morbilidad y mortalidad causadas por enfermedades emergentes, y consecuencias para la salud mental y el bienestar humano. Para los países, independientemente de su nivel de desarrollo, los impactos están en consonancia con una importante falta de preparación para la actual variabilidad climática en algunos sectores (IPCC, 2014).
En México los huracanes, sequías, temperaturas extremas y lluvias torrenciales, han ocasionado graves pérdidas humanas y altos costos económicos y sociales. Esos eventos ponen en riesgo la vida de la población, su bienestar y patrimonio; comprometen la conservación de los ecosistemas, su biodiversidad y los servicios que estos proveen; también limitan las oportunidades de desarrollo en el corto y mediano plazo.
El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) creado por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, presentó en 1990 un Primer informe de evaluación en el que se reflejaban las investigaciones de 400 científicos alrededor del mundo afirmando que el calentamiento atmosférico de la Tierra era real, y se pedía a la comunidad internacional que tomara cartas en el asunto para evitarlo. Las conclusiones del Informe alentaron a los gobiernos a aprobar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Desde su entrada en vigor en 1994 la convención ha contribuido de forma decisiva a abordar el cambio climático y la necesidad de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Desde el inicio de su labor en 1988, el IPCC ha preparado cinco informes de evaluación de varios volúmenes; así como informes especiales e informes de evaluación que han puesto a disposición de la comunidad internacional el conocimiento científico-técnico disponible sobre el cambio climático para los responsables de las políticas públicas como público en general que se pueden consultar aquí.
En el año 2012 el IPCC publicó un informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. Dicho informe contribuyó a definir el desafío para hacer frente a estos fenómenos como una cuestión para la toma de decisiones en un marco de incertidumbres, al ofrecer un análisis de la respuesta en el contexto de la gestión de riesgos.
En el Quinto Informe de Evaluación del IPCC, se incorporó un enfoque de gestión de riesgo a desastres en conjunto con una visión más tradicional de vulnerabilidad climática. La contribución del Grupo de Trabajo II, fue el análisis del modo en que están cambiando los patrones de riesgos y los beneficios potenciales debido al cambio climático, y se analizó cómo se pueden reducir y gestionar los impactos y los riesgos relacionados con el cambio climático por medio de la adaptación y la mitigación.
En este último informe se reconoce que la adaptación urbana se mejorará con la gobernanza eficaz del riesgo urbano a varios niveles, la sintonización de las políticas y los incentivos, el fortalecimiento de la capacidad de adaptación de los gobiernos y comunidades locales, las sinergias con el sector privado y la adecuada financiación y desarrollo institucional (nivel de confianza medio). También obran en favor de la adaptación una mayor capacidad, voz e influencia de los grupos de bajos ingresos y las comunidades vulnerables y sus asociaciones con los gobiernos locales.
Ante un clima cambiante y la posibilidad de riesgos climáticos va en aumento, la respuesta es la adaptación, la cual ha sido definida por el IPCC (2007) como “las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático”. Por su parte, la Ley General de Cambio Climático (LGCC) en México, define adaptación como “las medidas y ajustes en sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar sus aspectos beneficiosos”.
Las necesidades de adaptación abarcan un rango amplio de opciones que contemplan las necesidades físicas y ambientales, sociales, institucionales, de información y capacitación de recursos humanos, y de inclusión del sector privado en el proceso de adaptación. En México es frecuente que al momento de planificar las intervenciones para disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático, se piense en opciones dirigidas a reducir los impactos de eventos climáticos adversos como medidas tecnológicas (genotipos adaptados, tipos de labranza, conservación del agua, aumento en la eficiencia del uso de agua y fertilizantes, sistemas de riego más eficientes), de cambios de hábito (cambio en el calendario de siembra, uso de cultivos alternativos), de infraestructura (construcción de represas y defensas), y de transferencia del riesgo (seguros tradicionales, seguros indexados). Pero, generalmente, se ignoran las medidas que aumentan la capacidad adaptativa y reducen la vulnerabilidad subyacente relacionada con factores socioeconómicos (acceso a los recursos, disponibilidad de información y conocimientos), e institucionales.
Al momento de planificar la adaptación es importante analizar las oportunidades, limitantes y límites, así como los beneficios adicionales que pueden brindar las medidas. Las oportunidades son los factores que facilitan la implementación de las opciones como la concientización ciudadana, la disponibilidad de herramientas de evaluación de riesgos, las capacidades humanas y financieras para llevar adelante las iniciativas, la buena gobernanza, y la capacidad de innovación.
México requiere de políticas e intervenciones planificadas, coherentes, no contradictorias, y acorde a los objetivos de desarrollo. Es importante lograr una visión holística de la problemática aprovechando las capacidades desarrolladas para otros objetivos (como la gestión del riesgo de desastre), conectando el tema climático con las acciones de desarrollo, y promoviendo un ordenamiento ambiental y planificado del uso del territorio.
Autor: GEOSIGMA